La propiedad privada un debate que trasciende la política

Nuevamente los argentinos volvimos a vivir un espectáculo propio de la barbarie, cuando dentro del senado se debatía la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, afuera, un grupo de inadaptados atacaba con piedras y se resistía a las fuerzas policiales que custodiaban el Congreso. La ley finalmente fue aprobada por la cámara alta por 37 votos a favor y 33 en contra.

La media sanción que el Senado otorgó al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada reabre un viejo debate de la Argentina: ¿hasta dónde debe llegar la protección del derecho de propiedad?

Nuestra Constitución Nacional reconoce a la propiedad privada como uno de los derechos fundamentales de las personas. Sin seguridad jurídica, difícilmente existan inversiones, generación de empleo o desarrollo económico. Quien invierte necesita la certeza de que aquello que adquiere o construye estará protegido por la ley.

El proyecto aprobado apunta precisamente a fortalecer esa garantía, estableciendo mayores resguardos frente a las expropiaciones y procurando agilizar los procedimientos para la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente.

Sin embargo, la iniciativa despertó una fuerte resistencia. Algunos sectores consideran que puede dificultar políticas públicas vinculadas al acceso a la tierra o favorecer desalojos de familias vulnerables. También generaban controversia los capítulos referidos a la compra de tierras por extranjeros y a la Ley de Manejo del Fuego, aunque ambos fueron finalmente eliminados del texto para lograr el consenso necesario.

Más allá de las diferencias políticas, el debate deja una enseñanza. Un país necesita proteger el derecho de propiedad, porque constituye uno de los pilares de toda economía moderna. Pero esa protección debe convivir con la sensibilidad social, el respeto por el ambiente y el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes.

La verdadera discusión no debería ser si existe o no propiedad privada. Esa cuestión ya fue resuelta hace más de ciento setenta años por nuestra Constitución. Lo que corresponde debatir es cómo garantizar ese derecho sin perder de vista el bien común y el interés general de la sociedad.

Los que tiraron piedras y se resistieron a la autoridad deben entender que en una democracia funcionan los órganos fijados por la CN y que todo tipo de fuerza bruta buscando torcer el brazo de los legisladores, es una señal de barbarie que nada bien le hace al país