La política no debe desconocer a la justicia, el caso de Cristina de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta de la Nación y durante cuatro años vicepresidenta. Nadie puede desconocer su importancia en la historia política argentina reciente, ni tampoco que continúa siendo la principal referente de un sector considerable del peronismo.

Pero hay una realidad que sus seguidores parecen negarse a aceptar: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la Justicia argentina por corrupción.

No se trata de una denuncia periodística, de una acusación de sus adversarios políticos ni de una sospecha sin fundamento.
Se trata de una sentencia judicial dictada después de un extenso proceso, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y que adquirió firmeza cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados.

La condena es de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El delito por el que fue condenada es administración fraudulenta en perjuicio del Estado, relacionado con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Es decir, estamos hablando de corrupción en el manejo de los recursos públicos. De dinero que pertenece a todos los argentinos.

Sin embargo, una parte importante de la dirigencia kirchnerista continúa presentando a Cristina Fernández como una víctima de persecución política. Se insiste en hablar de proscripción, de una conspiración judicial, de una supuesta operación destinada a impedir su regreso al poder.
Pero conviene recordar algo elemental, no es lo mismo estar proscripto por razones políticas que estar inhabilitado como consecuencia de una condena judicial.

La proscripción es una decisión arbitraria que impide participar en política por razones ideológicas. La inhabilitación judicial es una sanción prevista por las leyes y aplicada mediante una sentencia. Confundir deliberadamente ambas situaciones significa desconocer uno de los principios fundamentales del Estado de derecho.

Por supuesto, Cristina Fernández conserva todos sus derechos como ciudadana, incluyendo el de expresar sus opiniones, defender su inocencia y participar en el debate político dentro de los límites legales. Sus seguidores también tienen derecho a continuar respaldándola. Nadie puede exigirles que abandonen sus convicciones.
Pero una cosa es la adhesión política y otra muy distinta es pretender que esa adhesión coloque a una persona por encima de la Justicia.

Y hay algo más.
La expresidenta enfrenta otros procesos judiciales, algunos de enorme gravedad, cuyas responsabilidades deberán determinarse mediante los correspondientes juicios. En esas causas conserva plenamente su presunción de inocencia.

Pero en la causa Vialidad ya existe una condena firme. Y eso no puede ignorarse.
La Argentina necesita superar una vieja enfermedad política: la costumbre de defender a los dirigentes propios aun cuando sus conductas hayan sido condenadas por los tribunales.

La corrupción no puede ser aceptable cuando la cometen los nuestros y condenable solamente cuando la cometen los adversarios.

La honestidad no tiene ideología. La corrupción tampoco.
El peronismo es un movimiento político con una larga historia, con millones de adherentes y con dirigentes capaces de ofrecer alternativas para el futuro del país.

No debería quedar prisionero de la situación judicial de una sola persona, por importante que haya sido su trayectoria. La democracia necesita oficialismo y oposición. Necesita partidos políticos fuertes, dirigentes responsables y ciudadanos capaces de distinguir entre la lealtad a una idea y la obediencia incondicional a una persona.
Y necesita, fundamentalmente, que todos aceptemos las reglas de juego.

Podemos discutir las políticas económicas de un gobierno, sus decisiones, sus aciertos y sus errores. Podemos disentir profundamente sobre el rumbo del país.
Pero no podemos construir una democracia seria si cada sentencia judicial que perjudica a nuestro dirigente preferido se convierte automáticamente en una conspiración política.

Cristina Fernández de Kirchner tuvo un protagonismo extraordinario en la vida pública argentina. Eso forma parte de nuestra historia.
Pero su condena judicial también forma parte de esa historia.

Y ha llegado el momento de comprender que ningún liderazgo, por importante que sea, puede estar por encima de la Constitución y de las leyes.

La Argentina tiene demasiados problemas por resolver como para seguir discutiendo indefinidamente aquello que la Justicia ya resolvió.

La sociedad necesita mirar hacia adelante. Y para hacerlo debe aprender que respetar las instituciones significa aceptar sus decisiones, incluso cuando no nos gustan.

Porque, en definitiva, la democracia no se fortalece defendiendo personas a cualquier precio.

Se fortalece defendiendo principios.