Trabajadores contra trabajadores

Cuando se paraliza el sistema de subterráneos de Buenos Aires, no solamente se detienen los trenes. Se altera el funcionamiento de una de las ciudades más importantes de América Latina y se perjudica la vida cotidiana de cientos de miles de personas.

Pero hay un aspecto de estos conflictos que merece una reflexión especial, ¿quiénes son los verdaderos perjudicados?

Son los trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, los docentes y estudiantes que tienen que llegar a sus escuelas, los comerciantes, los empleados, los médicos y enfermeros que deben atender en los hospitales y tantos otros ciudadanos que dependen del transporte público.

Y, fundamentalmente, son los sectores de menores recursos, aquellos que no tienen automóvil, que no pueden pagar un taxi y que muchas veces deben realizar enormes sacrificios para llegar a sus lugares de trabajo.

Aquí aparece una contradicción verdaderamente dolorosa, trabajadores que, en defensa de sus derechos, terminan perjudicando los derechos de otros trabajadores.

Es, en definitiva, un conflicto de trabajadores contra trabajadores. Y esto es profundamente triste.

Naturalmente, nadie puede desconocer el derecho constitucional de huelga ni la legitimidad de reclamos laborales. Pero ningún derecho debería ejercerse sin considerar las consecuencias que produce sobre los demás.

Me pregunto si esos dirigentes autodenominados metro delegados, tienen plena conciencia de la magnitud del daño que ocasiona una paralización del servicio.
 
Porque el perjuicio no se limita a las molestias de los pasajeros. Hay horas de trabajo perdidas, actividades comerciales interrumpidas, servicios afectados, compromisos incumplidos y un costo económico que se extiende mucho más allá del transporte.

Es un daño que repercute sobre la economía de la ciudad y, por su importancia, también sobre la economía nacional.
Y hay algo todavía más preocupante: quienes disponen de mayores recursos generalmente encuentran alternativas. Quienes menos tienen son los que soportan las consecuencias más severas.

El Decreto N.º 230/26 exige asegurar una cobertura operativa de al menos el 50% en cada una de las líneas de subte y en el Premetro. Ayer no se cumplió y Buenos Aires estuvo sin servicio varias horas.

La medida de fuerza se llevó a cabo como reclamo por una supuesta tercerización de servicios que la organización asegura pertenecen a los trabajadores de mantenimiento.

El servicio de las seis líneas de subte y el Premetro se normalizó minutos después de las 16, luego de que los metro delegados levantaron el paro.

La solidaridad entre trabajadores no puede convertirse en una expresión vacía. No se puede defender el derecho al trabajo de unos desconociendo las necesidades de miles de otros.

Una sociedad democrática necesita sindicatos fuertes, trabajadores protegidos y derechos respetados. Pero también necesita responsabilidad social. Porque defender los derechos de los trabajadores no debería significar perjudicar a otros trabajadores. Y mucho menos a aquellos que son, precisamente, los más vulnerables.