La tragedia educativa argentina, cuando el esfuerzo dejó de ser un valor

Hay cifras que deberían estremecer a toda la sociedad argentina. Solo dos de cada diez alumnos de 15 años llegan en tiempo y forma al curso que les corresponde y alcanzan los conocimientos esperados. Nuestro país ha descendido al séptimo lugar entre nueve naciones latinoamericanas evaluadas. Y el 21% de los estudiantes presenta sobreedad escolar, uno de los indicadores más preocupantes de la región.

Pero hay algo todavía más grave: una proporción alarmante de nuestros jóvenes no alcanza los conocimientos mínimos de Lengua y Matemática. Es decir, avanzan por el sistema educativo sin dominar herramientas fundamentales para comprender lo que leen, razonar y desenvolverse en la vida.

Esta tragedia educativa no apareció de repente. Es el resultado de décadas de equivocaciones, concesiones y abandono de los valores esenciales de la educación.

Durante demasiado tiempo, una concepción populista de la enseñanza confundió inclusión con facilismo, igualdad de oportunidades con eliminación de exigencias y comprensión de las dificultades del alumno con renuncia a la disciplina y al esfuerzo.
Se instaló progresivamente la idea de que exigir era discriminar, que repetir un grado constituía una injusticia y que la autoridad del maestro debía ser permanentemente cuestionada.

El prestigioso educador Guillermo Jaim Etcheverry advirtió sobre estos peligros en su ya clásico libro La tragedia educativa. Allí planteó una cuestión fundamental: la crisis de la educación no es solamente una crisis de conocimientos, sino también una profunda crisis de valores.

Se alteraron los roles de padres, maestros y alumnos. Los padres, que deberían respaldar la autoridad del docente, muchas veces la cuestionan. Los maestros, que deberían enseñar y exigir, se encuentran condicionados por disposiciones burocráticas y presiones de toda naturaleza. Y los alumnos, que deberían comprender que estudiar supone dedicación, responsabilidad y sacrificio, reciben demasiadas veces el mensaje contrario.

Naturalmente, no podemos ignorar la pobreza, las desigualdades sociales ni las dificultades que enfrentan miles de familias. Pero precisamente por eso, la escuela pública debe ser el gran instrumento de movilidad social, y no una institución que termine reproduciendo esas desigualdades.
La educación no puede convertirse en una fábrica de certificados que no acreditan conocimientos.
 

Argentina fue alguna vez un país admirado por su sistema educativo. La escuela pública, impulsada por Sarmiento y generaciones de grandes educadores, fue uno de los pilares de nuestro progreso. Permitió que los hijos de familias humildes llegaran a las universidades, a las profesiones y a los más altos niveles de la vida nacional.
 
Hoy estamos comprometiendo ese extraordinario patrimonio.
Necesitamos recuperar la autoridad del maestro, la responsabilidad de los padres, la cultura del esfuerzo y, fundamentalmente, la convicción de que aprender requiere estudiar.

No habrá crecimiento económico sostenible, desarrollo tecnológico ni verdadera justicia social sin una educación de calidad.

Y debemos comprender algo esencial: la verdadera inclusión no consiste en hacer pasar de grado a quien no aprendió, sino en garantizar que todos tengan la oportunidad y los medios necesarios para aprender.

La educación no puede seguir siendo víctima de la demagogia política.
Un país que renuncia a exigir conocimientos a sus jóvenes está renunciando a su propio futuro. Y una sociedad que sustituye el mérito por la comodidad termina pagando, inevitablemente, el precio de su decadencia.