La fuga de Flavio Bolsonaro

La sorpresiva salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, acompañado por su familia, después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva, ha generado un episodio de características verdaderamente preocupantes para las relaciones internacionales.

Y lo es especialmente para la Argentina.

Bolsonaro abandonó Brasil cuando la Justicia de su país le había prohibido salir del territorio nacional y le había ordenado entregar sus pasaportes, en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero y otras irregularidades financieras.

No estamos hablando, al menos por lo que se conoce hasta ahora, de una condena por razones políticas. Estamos hablando de investigaciones por presuntos delitos económicos, sobre los cuales Bolsonaro tiene, naturalmente, todo el derecho de defenderse y demostrar su inocencia.
Sin embargo, en lugar de permanecer en Brasil para afrontar esas investigaciones, decidió abandonar el país.
Y aquí aparece la cuestión que nos involucra directamente.

Su salida se produjo a través del territorio argentino. Ingresó por Misiones, abordó un avión privado en Puerto Iguazú y, después de una escala en Ecuador, llegó a Estados Unidos, donde fue recibido con la autorización del gobierno de Donald Trump.

La Justicia argentina ya comenzó a investigar las circunstancias de esa operación y ha solicitado información a distintos organismos del Gobierno nacional.

La pregunta es inevitable: ¿participaron funcionarios argentinos en la organización o facilitación de esa salida?
Todavía no conocemos la respuesta. Y sería irresponsable anticipar una condena sin pruebas suficientes.
Pero si llegara a comprobarse que funcionarios del Gobierno argentino colaboraron deliberadamente para facilitar la fuga de una persona que tenía prohibido abandonar su país por disposición judicial, estaríamos ante un hecho de enorme gravedad institucional.

Porque una cosa es la solidaridad política y otra, muy diferente, es utilizar los recursos o las estructuras del Estado para favorecer a dirigentes extranjeros por afinidades ideológicas.

Los gobiernos no son propietarios de los Estados. Los administran transitoriamente, sujetos a las leyes, a la Constitución y a los compromisos internacionales.

Y hay una circunstancia que agrava la dimensión política de este episodio. La enorme importancia de nuestro comercio con Brasil. Millones de argentinos y brasileños dependen directa o indirectamente de las relaciones económicas entre ambos países

Las diferencias ideológicas entre Javier Milei y Lula Da Silva son conocidas. Pero esas diferencias no deberían comprometer las relaciones diplomáticas ni los intereses permanentes de nuestras naciones.

También merece una reflexión la actitud del gobierno estadounidense.
Estados Unidos tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio y a examinar las solicitudes de protección internacional. Pero resulta preocupante que las afinidades políticas puedan influir en el tratamiento de personas sometidas a investigaciones judiciales en sus países de origen.

En definitiva, este episodio nos enfrenta a una cuestión que trasciende a Bolsonaro, Milei, Lula o Trump.

¿Hasta dónde pueden llegar las solidaridades ideológicas entre gobernantes? ¿Y dónde comienza la obligación de respetar las instituciones, las leyes y la soberanía de otros Estados?

La democracia no consiste solamente en ganar elecciones. Consiste también en aceptar sus resultados, respetar la independencia de la Justicia y comprender que ningún dirigente, por poderoso que sea, está por encima de la ley.
Esperemos que la investigación judicial argentina permita esclarecer lo ocurrido.
Porque si algo necesita nuestra región es fortalecer la confianza entre sus instituciones y sus gobiernos.

Y esa confianza no se construye mediante favores políticos, sino mediante el respeto al derecho, a la verdad y a las responsabilidades que impone el ejercicio del poder.