Francia y Argentina cuando la protesta se transforma en violencia
Los graves acontecimientos que sacuden a Francia, con manifestaciones, saqueos, destrucción de bienes y enfrentamientos con la policía, nos recuerdan episodios muy similares que vivimos en la Argentina.
Recordemos aquellas violentas manifestaciones frente al Congreso de la Nación, particularmente durante el debate de la reforma previsional de diciembre de 2017, cuando grupos de manifestantes arrancaban piedras de las veredas para arrojarlas contra el edificio del Parlamento y las fuerzas de seguridad. Fue una verdadera batalla campal, con destrozos, heridos y escenas que avergonzaron a nuestra democracia.
Y no necesitamos remontarnos años atrás. El jueves pasado, durante la Marcha Federal Universitaria, volvimos a presenciar escenas lamentables frente al Congreso: grupos de manifestantes rompieron veredas y mobiliario urbano para arrojar piedras contra la policía. Hubo destrozos, efectivos heridos y más de treinta detenidos, según los primeros informes. Una vez más, un reclamo valido, quedó empañado por la violencia de algunos sectores.
Naturalmente, las causas de aquellas protestas y las que hoy se denuncian en Francia son diferentes. No estamos comparando los motivos de los reclamos, sino los métodos utilizados para expresarlos.
Y allí encontramos una preocupante similitud: la transformación de una manifestación ciudadana en un escenario de violencia, donde grupos radicalizados pretenden imponer por la fuerza sus propias ideas u criterios.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado un principio que merece ser compartido: nada justifica la violencia. Y quienes destruyen deben responder por los daños que ocasionan.
El derecho a protestar es una conquista fundamental de las sociedades libres. Pero ese derecho no incluye la facultad de destruir bienes públicos, atacar a la policía, saquear comercios o poner en peligro la vida de otras personas.
También debemos recordar que la violencia no tiene justificación por el solo hecho de invocar una causa que se considera justa.
Las democracias deben escuchar los reclamos sociales, incluso los más enérgicos, pero tienen la obligación de preservar el orden público dentro del respeto a la ley y a los derechos individuales.
Francia y Argentina, con realidades y circunstancias diferentes, nos dejan una misma enseñanza, la violencia no fortalece las reivindicaciones populares, las deslegitiman.
Porque cuando las piedras reemplazan a las palabras y la destrucción sustituye al diálogo, lo que está en peligro no es solamente el orden público, sino la propia convivencia democrática.
Y no necesitamos remontarnos años atrás. El jueves pasado, durante la Marcha Federal Universitaria, volvimos a presenciar escenas lamentables frente al Congreso: grupos de manifestantes rompieron veredas y mobiliario urbano para arrojar piedras contra la policía. Hubo destrozos, efectivos heridos y más de treinta detenidos, según los primeros informes. Una vez más, un reclamo valido, quedó empañado por la violencia de algunos sectores.
Naturalmente, las causas de aquellas protestas y las que hoy se denuncian en Francia son diferentes. No estamos comparando los motivos de los reclamos, sino los métodos utilizados para expresarlos.
Y allí encontramos una preocupante similitud: la transformación de una manifestación ciudadana en un escenario de violencia, donde grupos radicalizados pretenden imponer por la fuerza sus propias ideas u criterios.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado un principio que merece ser compartido: nada justifica la violencia. Y quienes destruyen deben responder por los daños que ocasionan.
El derecho a protestar es una conquista fundamental de las sociedades libres. Pero ese derecho no incluye la facultad de destruir bienes públicos, atacar a la policía, saquear comercios o poner en peligro la vida de otras personas.
También debemos recordar que la violencia no tiene justificación por el solo hecho de invocar una causa que se considera justa.
Las democracias deben escuchar los reclamos sociales, incluso los más enérgicos, pero tienen la obligación de preservar el orden público dentro del respeto a la ley y a los derechos individuales.
Francia y Argentina, con realidades y circunstancias diferentes, nos dejan una misma enseñanza, la violencia no fortalece las reivindicaciones populares, las deslegitiman.
Porque cuando las piedras reemplazan a las palabras y la destrucción sustituye al diálogo, lo que está en peligro no es solamente el orden público, sino la propia convivencia democrática.
Comentarios