Cumplir simplemente con la ley o actuar con decencia, dignidad y ética

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció anoche en diálogo con José del Rio en el Canal La Nación + que, junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados y sostuvo que se trató de fondos obtenidos antes de ingresar a la función pública. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó.

Hay un piso mínimo que toda sociedad civilizada exige a sus ciudadanos y, con mayor razón, a sus gobernantes: el cumplimiento de la ley. Ese piso está representado por los códigos legales que la humanidad ha construido a lo largo de miles de años. Desde el Código de Ur-Nammu en la antigua Sumeria, pasando por el Código de Hammurabi y llegando a los Diez Mandamientos, las civilizaciones comprendieron que ninguna comunidad puede sobrevivir sin reglas básicas de convivencia.

Pero existe una diferencia fundamental entre respetar apenas el límite de la ley y vivir de acuerdo con principios más elevados. Una cosa es no cometer un delito; otra muy distinta es actuar con decencia, dignidad y ética.

La discusión que hoy se plantea en torno al ingreso de funcionarios al régimen de regularización fiscal no es solamente jurídica. Puede que determinadas conductas encuentren amparo en la legislación vigente. Puede que los tribunales no encuentren elementos para formular reproches penales. Sin embargo, la sociedad suele exigir algo más a quienes ejercen responsabilidades públicas.

La función pública no debería conformarse con evitar el delito. Debería aspirar a la ejemplaridad. Los ciudadanos esperan que quienes administran los recursos del Estado puedan explicar con claridad el origen de sus bienes, que sus actos resistan el escrutinio público y que su conducta inspire confianza.

Los antiguos códigos fueron estableciendo prohibiciones y castigos. Pero las grandes tradiciones morales de la humanidad fueron mucho más lejos. Enseñaron que existen deberes que no dependen de los jueces ni de los fiscales, sino de la propia conciencia.

Por eso, cuando se trata de funcionarios públicos, la pregunta importante no siempre es si una conducta es legal. La pregunta decisiva suele ser otra: ¿es correcta? ¿Es digna de la responsabilidad que se ejerce? ¿Contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones?

Las leyes establecen el piso. La ética marca el horizonte. Y una república sólida necesita de ambas cosas. Porque cuando la moral pública se conforma con no caer en el delito, la sociedad termina perdiendo algo mucho más valioso: el ejemplo de quienes deberían conducirla.

Creo que allí está el núcleo del planteo: la diferencia entre la inocencia jurídica y la ejemplaridad moral, una distinción que ha acompañado a la humanidad desde los primeros códigos escritos hasta nuestros días.