Preocupantes amenazas estudiantiles

El mensaje es claro, y llega en un momento que exige firmeza, las amenazas de tiroteos en escuelas no son “bromas”, son delitos graves que ponen en jaque a toda la comunidad.

El gobernador Osvaldo Jaldo, al confirmar al menos 15 denuncias, expone una realidad preocupante. No se trata de casos aislados, sino de una conducta que empieza a repetirse y que, de no ser frenada a tiempo, puede escalar en consecuencias imprevisibles. En un mundo donde hemos visto tragedias escolares reales, subestimar estas advertencias sería un error imperdonable.

La decisión de aplicar estrictamente el decreto, con sanciones, posibles expulsiones y mayor presencia policial, apunta a marcar un límite claro. La escuela debe ser un espacio seguro, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Pero también deja en evidencia algo más profundo: un deterioro en la percepción del riesgo y en la responsabilidad de algunos jóvenes frente a actos que, lejos de ser inocentes, generan pánico, movilizan recursos y alteran la vida institucional.

Aquí hay una dimensión que no puede soslayarse. Detrás de muchas de estas amenazas hay, muchas veces, adolescentes que no terminan de dimensionar el daño que provocan. Pero eso no los exime. La ley debe actuar, sí, pero también la familia y el sistema educativo deben intervenir con claridad, contención y formación.

No alcanza con castigar, hay que prevenir. Esto implica trabajar sobre el uso de redes sociales, sobre la salud emocional de los jóvenes, sobre la construcción de límites y sobre el valor de la convivencia. La violencia, incluso en su forma de amenaza, no puede naturalizarse.

La advertencia oficial es necesaria. Marca un rumbo. Pero el desafío es más amplio, reconstruir una cultura de respeto, de responsabilidad y de cuidado colectivo. Porque cuando una amenaza entra a una escuela, no solo altera una jornada, hiere la confianza de toda una sociedad.