Corrupción, un mal endémico en nuestro país

La reciente acusación del fiscal federal Pedro Simón contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes de la AFA por presunta asociación ilícita y lavado de activos, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿es la corrupción un mal endémico de la Argentina? Según la imputación, se habría montado una estructura para desviar fondos de la AFA mediante empresas pantalla, facturación apócrifa y maniobras financieras; incluso se pidió la detención de varios acusados, aunque la resolución judicial todavía está pendiente.  

Y el problema no termina allí. En paralelo, el llamado “caso Adorni” sigue erosionando al Gobierno: la situación derivó en investigaciones judiciales y en un desgaste político que el propio oficialismo intenta contener, mientras sectores del sistema político y económico observan con preocupación el costo institucional del episodio.  

Frente a este panorama, la sociedad argentina tiene derecho a preguntarse si no está otra vez ante una vieja enfermedad nacional. Porque cuando aparecen denuncias de desvío de fondos, testaferros, facturas truchas, patrimonios oscuros o enriquecimientos difíciles de explicar, no estamos ante simples irregularidades administrativas. Estamos ante hechos que, de comprobarse, constituyen una agresión directa al bien común, a la confianza pública y a la moral de una Nación.

La corrupción no es solamente dinero robado. La corrupción significa hospitales mal equipados, escuelas más pobres, rutas sin terminar, policías mal pagos, jubilados postergados y ciudadanos cada vez más descreídos. La corrupción no destruye solo cuentas públicas: destruye la fe social. Hace que el argentino de bien sienta que trabaja, paga impuestos y cumple la ley para sostener a vivos, cómplices y mafias enquistadas en las estructuras del poder.

Por eso resulta tan grave cuando las causas se cajonean, cuando los expedientes duermen, cuando los jueces parecen mirar para otro lado o cuando la política decide proteger a los suyos antes que preservar la ejemplaridad. La impunidad prolongada termina siendo una invitación al delito. Y cuando la impunidad se vuelve costumbre, la corrupción deja de ser excepción para convertirse en sistema.

La Argentina arrastra demasiados antecedentes como para fingir sorpresa. Desde negociados monumentales hasta maniobras opacas en el deporte, en la obra pública, en empresas del Estado o en las altas esferas del poder, el país ha convivido durante décadas con una mecánica perversa: unos roban, otros encubren, algunos callan y finalmente todos pagan las consecuencias. Siempre el perjudicado final es el mismo: el pueblo argentino.

En ese contexto, el caso AFA tiene una fuerza simbólica especial. Porque el fútbol no es una actividad menor en la Argentina: es pasión popular, identidad colectiva y una de las grandes expresiones sociales del país. Si hasta allí penetran las sospechas de asociación ilícita, lavado y desvío de fondos, entonces el mensaje es todavía más devastador: ni siquiera aquello que más une a los argentinos queda a salvo de la contaminación corrupta.  

Y en cuanto al Gobierno, hay un principio elemental que nunca debería olvidarse: cuando un funcionario queda envuelto en un escándalo serio, la primera obligación política no es aferrarse al cargo sino preservar la credibilidad institucional. A veces, aun antes de que la Justicia hable, la ética pública exige dar un paso al costado para no arrastrar a toda una administración. Sostener a cualquier precio a un funcionario cuestionado puede ser legal; pero muchas veces es políticamente torpe y moralmente equivocado. El oficialismo, según distintas crónicas, decidió respaldar a Adorni pese al desgaste y al avance del caso.  

De una vez por todas, deberíamos agarrar al toro por las astas. Y eso significa una decisión nacional, profunda y sostenida contra la corrupción. No alcanza con discursos altisonantes. Hace falta una Justicia independiente y rápida, organismos de control que funcionen, transparencia real en las contrataciones, sanciones ejemplares y una cultura política que deje de naturalizar lo inmoral. Hace falta también una ciudadanía que no relativice el robo según el color partidario del ladrón.

La Argentina no saldrá adelante solo con ajuste, crecimiento o estabilidad monetaria. Saldrá adelante cuando entienda que un país también crece por la fortaleza moral de sus dirigencias. Y que no habrá desarrollo verdadero mientras el robo organizado, el encubrimiento y la impunidad sigan ocupando el lugar de la ley, del mérito y de la decencia.