El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York

Lo que terminó en estos días con un fallo favorable a la Argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York no nació en 2012 ni empezó con la expropiación en sí misma. Empezó antes, en una operación oscura, escandalosa y difícil de justificar: el ingreso del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, al capital de YPF sin haber puesto, según quedó descripto públicamente durante años, capital propio relevante al inicio de la compra, en una estructura sostenida con los dividendos futuros de la propia compañía. Ese esquema terminó siendo uno de los episodios más escandalosos de la historia empresaria argentina.

Allí está, precisamente, el pecado original del caso. Porque una cosa es discutir una expropiación, sus aciertos, sus errores y sus costos políticos. Pero otra muy distinta es aceptar como normal una ingeniería por la cual un grupo privado accede a una porción sustancial de la principal petrolera del país con un esquema extraordinariamente beneficioso para sí mismo, favorable también para Repsol en ese momento, y ruinoso en sus consecuencias para la Argentina cuando todo terminó estallando. Ese tramo inicial merece una investigación histórica, política y judicial seria. No para satisfacer una revancha, sino para determinar responsabilidades concretas.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York significó una victoria enorme para la Argentina porque revocó la condena de US$16.100 millones que había impuesto la jueza Loretta Preska y concluyó, por dos fundamentos centrales, que bajo el derecho argentino los estatutos de YPF no generaban en este caso una obligación contractual bilateral exigible por esos accionistas, y que, aun si se asumiera lo contrario, la acción de daños quedaba desplazada por el régimen público argentino de expropiación. En otras palabras: el tribunal entendió que los demandantes eligieron una vía jurídica incorrecta para reclamar.

Conviene, sin embargo, no deformar el alcance de esa victoria. La Cámara no dijo que todo lo actuado en aquellos años haya sido ejemplar. De hecho, distintas coberturas sobre el fallo remarcan que la controversia surgió de la manera en que se ejecutó la toma de control y del conflicto entre el estatuto societario y el régimen argentino de expropiación. Es decir: Argentina ganó este tramo decisivo del juicio, pero eso no convierte en virtuosa la trama previa ni borra las enormes zonas grises de la operación que permitió el ingreso de Petersen ni las decisiones políticas que rodearon todo el proceso.

Por eso, más allá del alivio que produce este fallo, la pregunta de fondo sigue en pie: ¿quiénes diseñaron, avalaron, facilitaron y ejecutaron aquella operación inicial? ¿Quién decidió que una empresa estratégica pudiera ser parte de una maniobra tan excepcional? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Hubo simples decisiones empresarias arriesgadas o hubo favoritismo político y utilización del poder para montar una transferencia escandalosa de valor? Sobre esto último han existido durante años sospechas y acusaciones en el debate público, incluso sobre eventuales testaferros, pero una cosa es la sospecha política y otra la prueba judicial. Justamente por eso haría falta investigar hasta el fondo, sin prejuicios y sin blindajes.

La Argentina no debería conformarse con haber evitado, por ahora, una condena monumental. Debería aprovechar este desenlace para revisar el origen del problema. Porque las tragedias institucionales no nacen de un día para otro: se incuban en negociados, en relaciones impropias entre poder y negocios, en decisiones opacas, en privilegios inaceptables. Y si el caso YPF terminó exponiendo al país a una demanda de magnitud histórica, entonces lo mínimo que corresponde es esclarecer cómo empezó todo.

En definitiva, el fallo de Nueva York puso un límite al reclamo de Burford y anuló una sentencia que pesaba como una amenaza descomunal sobre la Argentina. Eso es una muy buena noticia. Pero la verdadera reparación moral e institucional no vendrá solamente de haber ganado una apelación. Vendrá cuando se investigue con seriedad aquella operación vergonzosa del origen, se identifique a los responsables y, si hubo conductas ilícitas o dolosas, se les haga pagar las consecuencias. Ahí sí las cosas estarán realmente en su lugar.