Solo tres provincias cumplen con los 190 días de clase programados

Solo tres provincias cumplen con los 190 días de clase programados y Tucumán no es una de ellas, una señal preocupante para la reconstrucción educativa

Las cifras del informe de Argentinos por la Educación deberían encender una alarma colectiva, de los 24 calendarios escolares analizados, apenas tres jurisdicciones alcanzarían la meta de 190 días efectivos de clase recomendada por el Consejo Federal de Educación. Que la mayoría se quede en los límites mínimos, o incluso por debajo de lo esperado en términos de cumplimiento real, revela una tensión entre lo que se planifica en papel y lo que se ejecuta en las aulas. Y esa brecha no es neutra: es tiempo de aprendizaje que no se recupera fácilmente.

Apostar por 190 días no fue una ocurrencia administrativa; fue una respuesta fundada a una pérdida histórica de horas de enseñanza tras la pandemia. Más días escolares, bien aprovechados, significan más oportunidades para recuperar contenidos, consolidar trayectorias y atender las brechas socioeducativas que crecieron en los últimos años. Pero la intención política necesita traducirse en políticas públicas concretas: fondos, formación docente, infraestructura y decisiones territoriales alineadas con la realidad local.

El problema es doble. Por un lado están los calendarios oficiales, donde muchas provincias consignan días que en la práctica quedan recortados por inasistencias, cierres por condiciones climáticas, paro docente o actividades extraordinarias. Por otro, está la capacidad de cada jurisdicción para sostener la jornada escolar extendida: sin inversión en transporte, materiales, comedores y condiciones laborales dignas, sumar días en el calendario es una declaración de buenas intenciones pero no una solución garantizada.

Resulta inexcusable que la recuperación educativa sea una carga que recaiga solo en las escuelas y los docentes. Las provincias que sí alcanzan 190 días deben servir como casos para analizar medidas efectivas: cómo organizar el calendario, cómo pactar con sindicatos, cómo sostener infraestructura y cómo monitorear la asistencia y la enseñanza efectiva. Al mismo tiempo, la Nación tiene un rol central en acompañar con recursos condicionados a resultados concretos, asistencia técnica y seguimiento federal que no se limite a contabilizar días en papel.

La comunidad educativa, familias, docentes, directivos y autoridades, necesita coherencia entre metas y herramientas. Garantizar 190 días efectivos no es un capricho burocrático: es parte de la reparación de aprendizajes y de la equidad territorial. Y si no se actúa con urgencia, las diferencias entre jurisdicciones seguirán ampliando la desigualdad de oportunidades entre estudiantes de distintas provincias.

Exigir responsabilidad no es castigar: es impulsar un diagnóstico honesto y políticas públicas viables. Que el debate público deje de girar sólo en torno a cifras planificadas y pase a valorar la calidad y la continuidad del tiempo de enseñanza. Si la recuperación educativa es una prioridad nacional, debe medirse por lo que ocurre en el aula, no por lo que figura en un calendario.