La Oficina de Respuesta Oficial

El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, con el argumento de “desmentir fake news”. Esta oficina tendría como misión, rebatir relatos que, según el Gobierno, buscan confundir a la sociedad mediante datos inexactos y campañas de descrédito en distintos soportes mediáticos. En los hechos, es un paso más en el encono del presidente Javier Milei con la prensa y un gesto que debería encender todas las alarmas democráticas.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) a través de un comunicado manifestó su inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso de una cuenta en X con el nombre de Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir” informaciones y señalar supuestas “operaciones mediáticas”. Y también señala Adepa, “combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”.

No hay dudas: la creación de este organismo atenta contra la libertad de prensa. Es grave, y peligroso que sea el Estado quien pretenda erigirse en árbitro de la verdad, decidiendo qué información es válida y cuál no. En una república sana, la verdad no es patrimonio del poder, sino el resultado del debate público, del periodismo libre y del control ciudadano. Cuando un gobierno se arroga el derecho de “corregir” la realidad desde una oficina oficial, no combate la desinformación: la sustituye por propaganda. Y ese es un camino que la Argentina ya recorrió, siempre con consecuencias lamentables.

Además, y esto es central, la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas ni una concesión del poder: es un derecho de los ciudadanos. Un derecho previo, superior y no delegado al Estado. La prensa existe para que la sociedad esté informada, no para agradar al gobierno de turno ni para repetir su versión de los hechos.

Por eso este avance es especialmente grave. Cuando el gobierno, en este caso el de Javier Milei, decide crear una oficina para “desmentir”, en realidad está interviniendo en el vínculo directo entre la información y los ciudadanos. Está diciendo, implícitamente: la verdad pasa por el Estado. Y eso es incompatible con una república democrática.

Las democracias fuertes no necesitan ministerios de la verdad. Necesitan más información, más voces, más debate y más crítica, incluso cuando esa crítica incomoda. El periodismo puede equivocarse, y debe corregirse, pero nunca debe ser disciplinado por el poder. Porque cuando el Estado empieza a señalar qué es verdad y qué no, lo que se debilita no es la prensa: se debilita la libertad de todos.