Cristina acudiría a la CIDH

Con la sentencia ya en firme en el caso “Vialidad”, la expresidenta mantiene todavía varios frentes judiciales muy complejos, además del juicio por el Memorándum con Irán, que generó el asesinato del fiscal Alberto Nisman, aún impune, tendrá que enfrentarse en la justicia por varios expedientes por corrupción, lavado y encubrimiento, incluidos “Cuadernos” y “Hotesur–Los Sauces”.

El periodista Adrián Ventura de TN, dijo que Cristina llevará el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que su abogado Carlos Beraldi, confirmó que llevará el caso a a la Comisión solicitando una cautelar que le permita continuar en libertad y presentarse como candidata a Legisladora en las elecciones bonaerenses.  También agregó Ventura que Beraldi no dijo y sí pudo confirmar TN que dos abogados de un muy prestigioso estudio jurídico norteamericano ya visitaron la sede del organismo, que queda al 1889 F Street, N.W, a unos 300 metros de la Casa Blanca.

Según los expertos, la Comisión puede dictar una medida cautelar si considera que hay un riesgo grave, urgente e irreparable para los derechos humanos del solicitante. Pero estas no obligan automáticamente a suspender una condena penal firme.

Nos preguntamos, ¿Podría usar eso Cristina para presentarse a elecciones? Y la respuesta es taxativa, no automáticamente. Una medida cautelar de la CIDH no suspende por sí sola una sentencia firme dictada por la justicia argentina.

El Estado argentino puede acatar o no una medida cautelar de la CIDH. Si no la cumple, no hay consecuencias legales inmediatas, pero sí políticas y diplomáticas. Para que Cristina pueda presentarse a elecciones, se requeriría: Que la justicia argentina suspenda o no ejecute la inhabilitación. O que la Corte IDH, en caso extremo, ordene una medida específica con efecto electoral, y que el Estado argentino acate esa orden.

En resumen, Cristina no se rinde. La vía internacional existe, pero no es inmediata ni garantiza resultados políticos concretos. Puede servirle a Cristina como estrategia de defensa jurídica internacional y simbólica, pero no tiene poder automático para liberarla ni rehabilitarla electoralmente.